Más de 1,495.77 metros cúbicos de madera fueron extraídos de forma ilegal en Ucayali ya que el gobierno regional otorgo de manera irregular autorizaciones para su extracción, amenazando así, especies madereras en extinción, denunció la Contraloría General de la República.
Fueron 9 permisos de aprovechamiento forestal en base a solicitudes con información falsa que se autorizó, tanto en las actas de inspección ocular como en los informes técnicos correspondientes indicó la gestión 2012-2013 de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali.
Estas irregularidades por parte de las autoridades regionales ocasionaron que se extraiga de manera ilegal madera de las especies Copaiba, Huimba, Lupuna, Mashonate y Quinilla, categorizadas como especies amenazadas de flora silvestre, además se permitió que se ingrese a deforestar en zonas no autorizadas en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo donde extrajeron la especie Tornillo.
Como si no fuera poco, estas extracciones fueron cercanas a las comunidades nativas amazónicas ya que se habría incumplido con los permisos que contempla la Directiva N° 29-2007-Inrena-IFFS “Otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas y campesinas de selva y ceja de selva”.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana exige al Estado las sanciones correspondientes a los responsables de este daño irreparable en nuestra Amazonía que involucra territorios indígenas y que tiene repercusiones no solo para el pueblo peruano si no para la humanidad entera, ya que esta extracción ilegal da pie a que los efectos del cambio climático se incrementen.
El dato:
De los 1,495.77 metros cúbicos que se extrajo de manera ilegal, se movilizaron 883.33 metros cúbicos (323.85 de madera rolliza y 559.48 de madera aserrada) existiendo un volumen de 612 metros cúbicos que no se encuentran registradas con Guías de Transporte Forestal.
Lo detectado por la Contraloría General de la República evidencia indicios de la existencia de la comisión de delitos de Responsabilidad por Información Falsa contenida en informes, y el delito de Responsabilidad de Funcionario Público por el otorgamiento ilegal de derecho, tipificados en el Código Penal por parte del Gobierno Regional de Ucayali
